
Por la Ley N° 2532/2005, los nacionales de Brasil, Argentina y Bolivia, y las sociedades que ellos integran mayoritariamente, no pueden ser dueños de inmuebles rurales a menos de 50 km de la frontera sin decreto del Poder Ejecutivo. Los residentes permanentes, los herederos y los bancos que adjudican tierras en subasta están entre las excepciones.
Por Emilio Marruso
Campos, estancias y lotes rurales cerca de la frontera atraen a inversionistas de los países vecinos. Paraguay limita quién puede comprarlos: la Ley N° 2532/2005 crea una zona de seguridad fronteriza, y la Ley N° 2647/2005 agrega las excepciones. Estas son las reglas, leídas el 5 de noviembre de 2026 en los textos publicados por la Biblioteca y Archivo del Congreso Nacional.
1. La zona: 50 kilómetros
El artículo 1 establece como zona de seguridad fronteriza la franja de 50 kilómetros adyacente a las líneas de frontera terrestre y fluvial, dentro del territorio nacional.
2. Quién no puede comprar
El artículo 2 impide a dos grupos ser propietarios, condóminos o usufructuarios de inmuebles rurales en la zona:
- los extranjeros oriundos de cualquiera de los países limítrofes;
- las personas jurídicas integradas mayoritariamente por extranjeros oriundos de esos países.
La única salida es una autorización por decreto del Poder Ejecutivo, fundada en razones de interés público, como las actividades que generan ocupación de mano de obra en la zona. La regla alcanza a los inmuebles rurales: la ley no la extiende a los urbanos.
3. Las cinco excepciones
El artículo 3, en la redacción de la Ley N° 2647/2005, deja fuera de la prohibición:
- Los derechos adquiridos antes de la ley, debidamente comprobados.
- Los derechos sucesorios de los ciudadanos de países limítrofes sobre inmuebles o sociedades en la zona.
- Los inmuebles adjudicados en subasta judicial o entregados en dación en pago a bancos y entidades financieras de esos países regulados por la Ley N° 861/1996, cualquiera sea la fecha de la garantía.
- Los extranjeros de países limítrofes con radicación permanente en la República.
- Los gravámenes constituidos antes de la ley a favor de las personas y entidades alcanzadas.
4. Cómo se aplica
- Sociedades: las acciones y los certificados de aportación de cooperativas de quienes pretendan ser propietarios de inmuebles rurales en la zona deben ser nominativos y no endosables (artículo 4).
- Escribanos: no pueden elevar a escritura pública negocios no autorizados por el artículo 2 (artículo 5).
- Catastro: las certificaciones del Servicio Nacional de Catastro deben dejar constancia de si el inmueble está total o parcialmente en la zona (artículo 7).
- Sanción: los actos contrarios a la ley son nulos, y la nulidad trae una multa equivalente al doble del valor de la operación, sin perjuicio de las sanciones a jueces, funcionarios y escribanos intervinientes (artículo 8).
Qué significa para el inversionista
- Revise primero la certificación catastral. Debe indicar si el terreno está en la zona, total o parcialmente.
- Cuenta la nacionalidad, y también la residencia. Un comprador brasileño, argentino o boliviano con radicación permanente en Paraguay entra en las excepciones; sin ella, no.
- Una sociedad no lo resuelve. Una persona jurídica integrada mayoritariamente por nacionales de países limítrofes queda alcanzada por la misma prohibición.
- Los inversionistas de otros países no están nombrados en el artículo 2.
La página de servicios de Prime Properties explica cómo se analiza cada inmueble. El servicio inmobiliario de Partners.com S.A. acompaña la búsqueda y supervisa la compra, y el servicio de residencia se ocupa de la radicación permanente.